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En Campeche están identificando los giros y especialidades de cada compañía para que puedan ser tomadas en cuenta una vez que se den a conocer los requerimientos técnicos.
Cancún, QR. El secretario de Desarrollo Económico de Campeche, José Domingo Berzunza Domínguez, adelantó que se encuentran conformando un padrón de empresas locales que puedan ser beneficiarias de las obras del Tren Maya, pues esperan que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, honre su compromiso de que los primeros beneficiarios serán los habitantes de cada estado por donde correrá la vía férrea.
El funcionario aseguró que aunque el proyecto se encuentra aún en una fase muy preliminar, desde ahora se está impulsando esa dinámica con empresas locales, identificando los giros y las especialidades de cada compañía para que puedan ser tomadas en cuenta una vez que se den a conocer los requerimientos técnicos en cada uno de los tramos de la vía férrea.
“Entiendo que este mismo ejercicio se está haciendo en todos los estados por donde pasará el tren, verificando las capacidades técnicas de la industria local, pero también verificando la disponibilidad de mano de obra”, comentó.
Berzunza Domínguez aseguró que hay una gran expectativa en el proyecto y gran disposición del gobierno del estado para proporcionar apoyo técnico y colaborar en el asunto de los derechos de vía, sobre todo en el tramo de selva que atraviesa la reserva de la biósfera de Calakmul, por donde aún no se ha definido el trazo exacto de la vía y podría necesitarse la participación del gobierno del estado para abrir paso al tren.
Respecto a si el gobierno del estado estaría en disposición de aportar tierra para el proyecto férreo, Domínguez Berzunza refirió que “si se requiriese, estoy seguro de que el gobernador está en la mejor disposición de poder colaborar”.
Capacidad
En entrevista aparte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Quintana Roo, Miguel Ángel Villanueva García, pronunció que en el estado también están haciendo lo propio, pero no sólo identificando a las empresas con capacidad de participar en las licitaciones del Tren Maya, sino conformando consorcios de más de dos empresas para tener mayor posibilidad de hacerse con el mayor volumen de obra.
“Hay que ser realistas, la inversión del Tren Maya va a ser muy grande, lo más seguro es que vengan empresas muy grandes a querer participar en la obra (…) Nosotros como empresas más pequeñas nos estamos asociando para poder participar, porque si queremos comernos el pastel solos, no vamos a poder”, resaltó.
El dirigente empresarial puntualizó que si se cumple la promesa del presidente de que habrá beneficios para empresas locales, hasta 25% de la totalidad de las obras del tren podría quedarse en la industria local, pues no todas son grandes obras de ingeniería, sino que habrá otro tipo de obras menos especializadas en drenaje, electrificación, alumbrado, entre otros para los que hay capacidad técnica a nivel local que podrían sacar adelante esos trabajos.
Antecedentes
El pasado 24 de febrero, el Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal entregó una carta a López Obrador en la que le solicita garantizar mecanismos de participación efectiva de empresas locales y regionales en el proyecto del Tren Maya.
Eloy Quintal Jiménez, dirigente del organismo, agregó que hay mucha expectativa en torno a las obras que generará el tren, en términos de introducción de drenaje, electrificación, mecánica de suelos y construcción de las estaciones, por lo que podría haber desplazamiento de las empresas locales si no se privilegia desde los procesos de licitación a compañías que han estado instaladas en Quintana Roo desde hace décadas
La nación petrolera debe cumplir sus obligaciones de deuda con Rusia a pesar de la situación política en Caracas, y el tiempo no juega a su favor. Son pocos los aliados y mucho lo que debe.
No es secreto para nadie que Venezuela se encuentra entre la espada y la pared, luego de que la presión internacional se incrementara últimamente, tras las nuevas sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, aplicadas el 29 de enero , y que afectan principalmente a la industria petrolera, el motor de la nación, luego que el 5 de enero, Juan Guaidó tomara posesión de la presidencia de la Asamblea Nacional para poner en marcha un proceso de transición, debido a las dificultades que se han venido manifestando en Venezuela, gracias a la mala administración y las erróneas toma de decisiones.
El interrogante que surge ahora es ¿Cuánto aguantará el gobierno de Maduro? Por los momentos son pocos los aliados que tiene, Rusia y China entre los más importantes, y considero que su apoyo tiene límites, más cuando le prestas a alguien que cada vez tiene menos posibilidad de pagar, y la garantía más importante no está disponible.
Citgo Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), era el respaldo más importante que tenía el gobierno de Nicolás Maduro para responder a sus acreedores internacionales y para seguir solicitando préstamos, sin embargo, el gigante del norte, en apoyo al gobierno del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana; un golpe fuerte y certero, considerando que el 40% de sus ventas eran destinadas a los Estados Unidos, y que el 49,9% de las acciones están en manos de la filial de la estatal rusa Rosneft, la Rosneft Trading SA con sede en Ginebra, como garantía de un préstamo de 1.5 mil millones de dólares, lo que dejaría a Rusia si muchas opciones como se mencionó anteriormente.
Con Citgo teniendo sus cuentas bancarias congeladas, lo que le queda como opción para la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es no enviar más crudo. La empresa venezolana refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos cuenta con una red de seis mil estaciones de servicios y 48 plantas de almacenamiento en el territorio norteamericano.
Al igual que los expertos, considero que Venezuela contaría con 90 días aproximadamente para dar solución y reestructurar el negocio petrolero en el mercado internacional, cabe destacar que Venezuela envía a los Estados Unidos 375 mil barriles de petróleo aproximadamente. El reto que tienen por delante las dos naciones en estos momentos es llenar el vacío en ambos mercados, aunque Venezuela es quien debería sentir más presión debido a que tiene que buscar los componentes para refinación de la gasolina como nafta catalítico y crudo liviano alrededor de 60 mil barriles diarios de 37.4 grados API, provenientes de Estados Unidos como suplidor. ¿Podrá Venezuela reestructurar a tiempo? El tiempo sigue corriendo, y las sanciones y la presión internacional se sigue incrementando.
La inversión significa hasta 20% más que los destinado en 2018, de 750 mdd.
Para el 2019, Grupo Bimbo destinará entre 800 y 900 millones de dólares en inversiones de capital (Capex), lo que sería hasta 20% más que lo desembolsado el año pasado, de acuerdo con Diego Gaxiola, director financiero de la panificadora.
“Continuamos invirtiendo en aumentar y modernizar nuestras capacidades de producción, mejorar nuestra red de distribución y desplegar proyectos de transformación digital”, comentó el directivo en conferencia telefónica con analistas tras reportar sus resultados financieros.
En 2018, la compañía desembolsó 750 millones de dólares, de los cuales el 75% fue para lograr mayor eficiencia y mejorar la capacidad de producción, añadió el directivo.
La panificadora tuvo un cierre de año positivo en sus resultados financieros, por el desempeño en México, la región de Norteamérica, las compras a nivel internacional y la menor exposición a monedas extranjeras para disminuir las afectaciones en las variaciones en tasas de interés y las fluctuaciones cambiarias.
Las ventas de la panificadora aumentaron 7.8% en el mundo durante 2018, para llegar a los 288,266 millones de pesos (mdp).
La utilidad neta de la parte que controla la empresa creció 25.4% en 2018 a 5,808 millones de pesos, con una expansión de 30 puntos base en en margen ante el desempeño operativo.
En tanto, el flujo operativo ajustado (EBITDA) incrementó 16.2% el año pasado en comparación con lo registrado durante 2017, al sumar 31,705 millones de pesos.
Este año, el instituto emisor ya hizo un primer envío de unas tres toneladas de oro a esa nación en un vuelo charter de la compañía Solar Cargo que partió el 26 de enero, dijo la fuente oficial.
El Banco Central de Venezuela (BCV) espera vender en los próximos días unas 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes, a cambio de euros en efectivo para financiar sus importaciones, dijo una fuente del gobierno conocedora de los movimientos.
Este año, el instituto emisor ya hizo un primer envío de unas tres toneladas de oro a esa nación en un vuelo charter de la compañía Solar Cargo que partió el 26 de enero, dijo la fuente oficial.
Las ventas de los lingotes son casi la única alternativa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para conseguir liquidez, ante la merma de sus ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones de financiamiento internacional por las sanciones que impuso Estados Unidos.
En febrero se contempla un tercer envío de 11 toneladas de oro monetario, según agregó la fuente.
De concretarse, el gobierno en dos meses habrá vendido 29 toneladas y reducido a mínimos de ocho décadas las reservas internacionales de Venezuela, que están en lingotes de máxima pureza, según datos del Banco Central.
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La autoridad monetaria no respondió a una solicitud de información y la embajada de Emiratos Árabes en Bogotá tampoco contestó a un correo electrónico. La empresa local Solar Cargo colgó la llamada cuando se le intentaba hacer la consulta.
El gobierno de Estados Unidos ha advertido a banqueros, operadores y empresas globales que eviten negociar con el gobierno de Maduro las ventas de oro, e impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA para limitar sus compras y ventas de crudo en Estados Unidos.
El senador Marco Rubio apuntó el viernes en Twitter a la embajada de Emiratos Árabes en Estados Unidos al indicarle que tenía “informes” sobre la visita de un supuesto ciudadano francés que trabaja para la firma Noor Capital a Caracas para “arreglar el robo de más oro de Venezuela”.
“Espero que les haya informado que ellos y cualquier servicio de flete aéreo que haga los despachos estarán sujetos a sanciones”, apuntó Rubio.
Efectivo para importar
Los fondos obtenidos por medio de las operaciones con oro se destinarían a compras externas de insumos. El BCV en la semana informó a la banca que deberá vender euros a empresas de “sectores estratégicos” con el fin de que importen materia prima para producir; y esas asignaciones de divisas serán en efectivo, agregaron fuentes de la banca y la industria.
Es la primera vez que el gobierno de Maduro ofrece euros a industrias al margen del sistema de control que rige desde hace casi dos décadas. La medida llega cuando el gobierno enfrenta dificultades para importar directamente materia prima como lo hacía desde 2015 por las sanciones de Estados Unidos.
El año pasado, el Banco Central exportó a Turquía y Emiratos Árabes todo el oro no monetario que había comprado a la minería que extrae el metal artesanalmente al sur del país desde 2016, dijeron dos fuentes conocedoras de esas operaciones.
Entre enero y septiembre las exportaciones de oro a Turquía fueron de 900 millones de dólares, según datos oficiales turcos.
Pero una vez que se agotaron las reservas de oro no refinado, el Central optó por vender el oro monetario, que respalda las reservas, a países aliados, apuntaron las fuentes y se evidencia en las cifras del emisor.
El oro que despachan por vía área a Turquía y Emiratos Árabes, no solo se ha intercambiado por euros en efectivo que vuelven a Venezuela en esos aviones, sino también por productos como alimentos y artículos de higiene personal, afirmaron las fuentes conocedoras de estas operaciones.
Parte del oro sale a través de la aerolínea Turkish Airlines y otros despachos a Emiratos Árabes los coordinan con la empresa de carga Solar Cargo, dijo una de las fuentes.
De las 150 toneladas de oro que tenía el emisor a inicios del año pasado, quedaban en noviembre unas 132 toneladas, de acuerdo con datos del Banco Central.
Parte de esos lingotes están en el Banco de Inglaterra y las autoridades venezolanas solicitaron el año pasado repatriar unas 14 toneladas del metal guardado en esa institución británica. Pero el envío se ha demorado porque la entidad en Londres se ha mostrado reacia en atender la petición ante la ola de sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Con la hiperinflación y la crónica escasez de alimentos y medicinas, el gobierno de Maduro está dejando atrás la premisa de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez, de acumular en las bóvedas del Banco Central la mayor cantidad posible de barras de oro.
“Ya no se sabe que se exporta”, comentó Gustavo Márquez, un exministro de Comercio bajo el gobierno de Chávez. “Esas operaciones tendrían que ser transparentes”.
El proyecto, que estará terminado en 2025, tendrá 250,000 m2 de área total construida, incluidos más de 10,000 m2 de espacio abierto al público.
En la avenida Caracas y la Calle 26 de la ciudad de Bogotá se está gestando un proyecto que le cambiará el rostro a la capital colombiana y que pretende colocarla en el radar de las construcciones emblemáticas de la región con su propio gigante de más de 260 metros.
Desde enero del 2014 esta zona de Bogotá se sometió a un cambio de imagen con la construcción de Atrio, un proyecto inmobiliario de uso mixto que contará con dos torres que superarán cada una los 200 metros de altura, y que consta de tres etapas.
Atrio se desarrolla en el centro de la capital colombiana, en el punto donde convergen las sedes compañías representativas del país y a unos pasos de la zona financiera de la ciudad; además de que se ubica en un punto clave por el que transitan más de 75,000 personas diariamente, de acuerdo con el estudio de movilidad realizado por los desarrolladores.
Este proyecto es una iniciativa de un grupo de empresas colombianas en el sector industrial y de la construcción, como Grupo < a >, QBO y Arpro; y que en su primera etapa cuenta con el financiamiento de Bancolombia para el 100% de la Torre Norte, con un crédito por valor de 350,000 millones de pesos colombianos, alrededor de 125 millones de dólares.
La obra estará terminada en el 2025, aunque su primera fase, la construcción de la Torre Norte con 48 pisos y 201.6 metros de altura, estará lista hacia finales de 2019, para dar inicio a una segunda etapa que consta de una intervención al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.
La tercera fase, que buscará un esquema de financiamiento también apoyado en la banca comercial, dará pie a la Torre Sur, que contará con 64 pisos y una altura de 268 metros, y tendrá uso residencial, de oficinas y hotel. Ésta superará al aún no inaugurado rascacielo BD Bacatá, que alcanza una altura de 216 metros.
El diseño y la arquitectura de las torres Atrio están a cargo de la firma Rogers Stirk Harbour & Partners (RSHP) -que se encargó de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid y del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París- y un grupo de arquitectos liderados por el colombiano Giancarlo Mazzanti.
El consorcio colombo canadiense Arpro-EllisDon es el responsable del proyecto y la italiana Permasteelisa fue la elegida para hacerse cargo de la fachada de la torre en construcción, quienes a partir de septiembre de 2016 iniciaron las diversas fases de diseño de detalle, producción, envío e instalación.
Sobre el espacio abierto que tendrá esta construcción, los desarrolladores destacan que es uno de los aspectos que impactarán en el desarrollo urbano y modernización de la ciudad, ya que será para uso permanente de los ciudadanos y turistas que transitan por la zona.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
- Foto: Cortesía Atrio.
El mercado de cerveza en México alcanzó un valor de 21,587 millones de dólares, donde Heineken se posicionó como el segundo jugador, con una participación de 40% detrás de Grupo Modelo
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Heineken México, Marco Mascarúa, aseguró que existe en el país un potencial para el crecimiento de la empresa, debido al bono demográfico.
De acuerdo con el directivo, la industria cervecera es un motor nacional y de la industria, la cual se ha comportado de forma muy dinámica, donde la competencia siempre los está obligando a presentar nuevos productos.
“Somos una empresa que tiene 128 años en México. Nosotros siempre estamos invirtiendo y pensando en el largo plazo; para nosotros, nuestros planes siguen como lo hemos estado planeando”, afirmó.
Marco Mascarúa comentó que México es el principal exportador de cerveza a nivel mundial, “y eso me parece extraordinario, somos el cuarto productor, sólo detrás de China, Estados Unidos y Brasil. Somos una potencia cervecera”, dijo.
El vicepresidente de la empresa indicó que 2018 ha sido un muy buen año, el cual tiene un valor simbólico importante para Heineken, ya que inauguraron su primera planta en 25 años, ubicada en Meoqui, Chihuauha, con una capacidad de producción de seis millones de hectolitros.
De acuerdo con Euromonitor, en 2017 el mercado de cerveza en México alcanzó un valor de 21,587 millones de dólares, donde Heineken se posicionó como el segundo jugador, con una participación de 40% detrás de Grupo Modelo, con 57% de participación.
Cerveceros de México señalan que en los primeros seis meses del año la producción del país fue de 59 millones de hectolitros, un crecimiento de 13 por ciento respecto a igual periodo de 2017, cuando se reportaron 52.5 millones.
La cámara agrega que de enero a junio pasados, en términos de exportación, se alcanzó la cifra de 19 millones de hectolitros, lo que significó un crecimiento de 15% , y la exportación favoreció la balanza comercial en ese periodo, para alcanzar un superávit de dos 1,100 millones de dólares, 15% más.
https://www.forbes.com.mx/heineken-ve-mas-potencial-de-crecimiento-en-mexico/
Los bancos parecen más dispuestos a frenar el avance de la banca electrónica y a devolver a los clientes lo perdido en ciberfraudes, que a implantar controles biométricos en las transacciones.
Los bancos recibieron una segunda oportunidad para implementar el uso de biométricos en el enrolamiento de sus nuevos usuarios o de quienes adquieran más productos financieros. Ahora podrán comenzar a operar con esta tecnología el 1 de enero del próximo año o el 31 de marzo de 2020, pero es muy factible que todas las instituciones opten por la segunda fecha.
“Resulta que, a la mera hora, no se va a poder hacer [el cambio tecnológico] y vamos a tener todavía casi año y medio para que esto llegue a buen fin”, señala Ignacio Sotelo Higuera, director general de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (Ameci).
Y además lanza una alerta: si ya se encontraron brechas de seguridad para entrar en los sistemas bancarios, como ocurrió con los ataques al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) ocurridos en el mes de abril de este año, el crimen “no va a descansar” hasta volver a encontrar otro resquicio.
Y los números hablan por sí solos: los delitos cometidos en este sector continúan siendo un problema. Basta ver que, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se registraron 7,414 reclamaciones imputables a un posible robo de identidad durante el año pasado.
Además, en su Anuario Estadístico 2017, la institución añade que en los bancos se contabilizaron casi 80,000 reclamaciones, de las cuales 20% fueron por suplantación de identidad; 40%, por productos no reconocidos; y 37%, por retiros no reconocidos.
Una segunda oportunidad
Los intentos de aumentar los estándares de seguridad en la banca mexicana comenzaron con la publicación, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de una Circular Única de Bancos, el 29 de agosto de 2017, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). La Circular contiene cambios para incorporar y regular el uso de datos biométricos, principalmente huella dactilar, con el fin de autentificar a los usuarios. De inicio, las yemas de los dedos de las personas tendrían que ser contrastadas en línea contra la base del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero la implementación fue complicada, así que las instituciones financieras negociaron la prórroga. Con ello, las que presenten antes del 14 de diciembre de 2018 (ante la CNBV) un plan de trabajo o cronograma que especifique las acciones que seguirán para adoptar esta tecnología podrán comenzar a operar con los biométricos a partir del 31 de marzo de 2020.
Los que no opten por esta vía o no obtengan el aval de la CNBV, que debe dictaminar en un plazo de 10 días, tendrán que comenzar a utilizar los biométricos a partir del 1 de enero de 2019.
Las propias autoridades consideran probable que todos los bancos elijan la fecha más lejana para implementar los controles. “Pareciera ser que sí, aunque la certeza se tendrá hasta diciembre”, dice Arcelia Olea Leyva, vicepresidenta de Normatividad de la CNBV. La funcionaria tiene una alta expectativa de que todos presentarán su plan, dado que todos los bancos han manifestado conformidad con los plazos señalados en la última resolución.
Los plazos son bien vistos por expertos como Sotelo Higuera: Lo que hay que esperar ahora es que “la implementación que se pretende realizar tenga la suficiente gestión administrativa y técnica [como] para que tener almacenados nuestros datos biométricos no se vaya a volver un problema y una fuga de información”.
¿Puño sin hierro?
La Ley de Instituciones de Crédito establece una multa para los bancos que incumplan con la norma, que puede estar tasada en dos escalas: entre 2,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA, esto es de 160,000 a 806,000 pesos) y de 0.1% a 1.0% del capital pagado de la institución que incumpla. El monto depende de cuántas veces se cometa la infracción.
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La instancia encargada de determinar el rango de la penalización es la CNBV. Sin embargo, la Comisión no aplicó multa a ningún banco por no haber implementado las tecnologías al 29 de agosto de este año, pues publicó la prórroga de manera inmediata, de modo que nadie cayera en incumplimiento.
Los que no presenten su cronograma el 14 de diciembre o lo presenten y les sea rechazado tampoco se harán acreedores a sanción alguna, pues el plan de implementación es un paso opcional; ni los que decidan no apegarse a la norma el 1 de enero de 2019, pues cuentan con la alternativa de utilizar el pasaporte más un segundo documento para verificar la identidad de sus clientes.
Pero también existe la posibilidad de que una institución decida no utilizar los biométricos. “Un banco podría optar y decir a su cuentahabiente: ‘Oye, cliente, yo no te voy a molestar; yo lo que quiero es evitar pedirte tu huella, cada vez que hagas transferencia de recursos o retires efectivo. Por lo tanto, yo pacto contigo que, si no reconoces las operaciones, yo te las voy a restituir en 48 horas’”, explica la funcionaria de la CNBV.
¿La CNBV está siendo condescendiente?
Lo que pasa es que las sanciones no dependen de la regulación que emite la Comisión, las sanciones por las distintas infracciones que puede marcar la ley, o a las disposiciones están establecidas en la Ley de Instituciones de Créditos. Quizá, en alguna otra oportunidad que haya de reformar la ley, habría que replantear si resultan suficientes los montos actualmente previstos para sancionar este tipo de conductas, sobre todo a la luz de que, cada vez, este tipo de operaciones irregulares son más comunes.
Es una sanción que no puede incrementar la Comisión. Tendría que implicar una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, a través del Congreso de la Unión, y, en su caso, sí considerarlo.
¿Debería haber sanciones más altas y rigurosas?
En este momento es difícil hacer una valoración de si es conveniente o suficiente el monto establecido. Creo que habría que esperar a ver cómo se da el cumplimiento o no de esta nueva norma. Ahora, la ley también prevé otras posibilidades para incrementar las multas, cuando, por ejemplo, se cause perjuicio a terceros o se produzca un daño mayor.
¿Quién incrementa las multas?
La Comisión.
Cadena de errores
Uno de los principales factores que complicaron la implementación del proceso fue el corto plazo que recibieron los bancos, además de que algunos se asesoraron mal, puntualiza Pedro Lara, responsable regional de Innovation Marketing y Desarrollo de Negocio de Gemalto.
En lo que respecta a los aspectos técnicos, los bancos han manifestado a la CNBV que el proceso requiere de mucho trabajo, que pasa por un ajuste de los sistemas, conexiones tecnológicas y elementos de seguridad que permitan la verificación de la huella digital con el INE, para lo cual tienen que ser compatibles con los sistemas de la institución electoral. Esto implica la apertura de áreas especializadas en identidad digital y el desarrollo de perfiles técnicos con especialización biométrica.
“Los retos más grandes en la implementación de las soluciones de identidad digital son el expertas que demanda la biometría en organizaciones complejas en su operación, como es la banca, y la inversión requerida”, enfatiza Adolfo Loera Marín, director general de Biometría Aplicada.
“Lo que nos comentaban [los bancos] es que, hablando de infraestructuras tecnológicas y cuestiones más técnicas que legales, les ha tomado mucho tiempo también por cuestiones de costos”, indica Olea. Pero deja claro que, en comparación con las pérdidas que genera el robo de identidad, al final del día la inversión representa un beneficio.
El uso de los biométricos dará más seguridad a los trámites bancarios, caracterizados, en la actualidad, por el exceso de papeleo. Foto: Eric Audras/PhotoAlto/Getty Images.
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